¿Y si los pobres dejaran de serlo…? 💵

Cuando la pobreza desaparece, no sólo se esfuma una carencia: se derrumba un ecosistema de varias aristas. No el de los marginados —que, en rigor, es el único que merecería desaparecer— sino el de quienes orbitan alrededor de ellos como si fueran un recurso natural renovable. La pobreza, en las economías subdesarrolladas —perdón, “emergentes”— no es simplemente un problema: es una infraestructura. Y como toda infraestructura, sostiene carreras, discursos, instituciones, presupuestos, legitimidades morales y, sobre todo, poder. Como abejas orbitando una colmena. 

Imaginemos, entonces, lo impensable: que un país latinoamericano converge hacia niveles de pobreza cercanos a cero, como ocurre en ciertas economías altamente desarrolladas (al estilo de Suiza o países nórdicos), donde la pobreza absoluta es inexistente y la relativa se mantiene en márgenes muy controlados. El caso resulta casi obsceno por contraste. Mientras Argentina oscila en torno al 40% de pobreza, Uruguay se mantiene aproximadamente entre el 10%, y Chile ronda cifras cercanas al 10%-12% según mediciones recientes, el horizonte de erradicación total parece más una herejía que una meta. Porque si la pobreza desaparece, lo que queda al desnudo no es la virtud del sistema, sino la inutilidad de toda una arquitectura construida en torno a su perpetuación conveniente.

¿Qué sucede si los pobres dejan de ser pobres? La pregunta, formulada con ingenuidad, encierra violencia estructural: obliga a pensar no en los beneficiarios, sino en los intermediarios. Desaparecen —o deberían desaparecer— los ministerios de “desarrollo social”, esos organismos del des-desarrollo cuya razón de ser parece proporcional al fracaso de su misión. Más que desarrollo, han perfeccionado una tecnología de administración de la dependencia: una pedagogía de la dádiva, donde el sujeto no es emancipado sino gestionado. No se trata de integrar al individuo al circuito productivo, sino de integrarlo a un circuito asistencial que, paradójicamente, requiere su permanencia en la carencia para justificar su propia existencia.

Pero la implosión no se detiene en la cúspide ministerial. Con la pobreza se evapora también un mercado laboral entero: técnicos sociales, consultores, ONG, operadores territoriales, burócratas intermedios, analistas de políticas públicas, sociólogos de escritorio y opinólogos de sobremesa con contactos. Toda una clase que, bajo la retórica de la sensibilidad social, ha hecho de la pobreza su capital simbólico. No necesariamente por perversidad individual —sería demasiado simple, aunque a veces sí— sino por una lógica sistémica en la que el problema alimenta al solucionador, y el solucionador, consciente o no, necesita que el problema persista para existir él.

El resultado es un circuito cerrado donde la pobreza deja de ser un fracaso colectivo para convertirse en un activo político transversal. La izquierda la estetiza como injusticia estructural, la derecha la instrumentaliza como argumento de orden y mérito, y el centro la modula con una tecnocracia gris. Todos, sin excepción, necesitan que exista. Porque en un mundo sin pobres, el discurso “social” pierde su objeto, y con él, su rentabilidad electoral y presupuestal. ¿Quién capitaliza la compasión cuando ya no hay sufrimiento visible que administrar…?

Entonces ocurre lo impensado: la pobreza desaparece, y con ella, todo el empleo que dependía de su existencia. Se disparan las estadísticas de desempleo —pero no entre los marginados, sino entre quienes vivían de intervenir sobre ellos. La burocracia se descubre, de pronto, innecesaria. Y en ese momento, el sistema revela su paradoja más incómoda: había más gente viviendo de la pobreza que de superarla.

El caso uruguayo ofrece una pista inquietante. En el último siglo, el peso del Estado se ha multiplicado exponencialmente (alrededor de 10 veces), convirtiéndose en uno de los países con mayor proporción de funcionarios públicos per cápita del mundo. Un Estado que crece no sólo como garante, sino como empleador estructural. La pregunta incómoda emerge sola: ¿qué ocurre cuando el aparato estatal necesita problemas para sostener su tamaño? La tentación no es resolverlos, sino administrarlos. O peor: redefinirlos constantemente para que nunca desaparezcan del todo.

No es Alemania Oriental, pero a veces parece un experimento más sutil: no un sistema que oprime abiertamente, sino uno que absorbe lentamente, que integra al individuo en una red donde la dependencia se vuelve norma y la autonomía es una anomalía sospechosa.

Así, la pobreza no puede dejar de existir sin provocar una crisis sistémica. No porque sea insoluble, sino porque su solución implicaría desmontar demasiados intereses cruzados. Políticos de corto plazo, operadores con “kioscos” estatales, profesionales atrapados en engranajes institucionales que no eligieron, pero de los que dependen para tener un salario. Nadie lo dice en voz alta, pero todos lo intuyen: si los pobres dejan de ser pobres, alguien más tendrá que convertirse en prescindible.

Y mientras tanto, en paralelo, el discurso se vuelve cada vez más social, más sensible, más saturado de políticas públicas. Y, sin embargo, las calles de las grandes ciudades latinoamericanas se llenan de cuerpos que duermen a la intemperie como si fueran residuos del sistema. El costo de vida se dispara, la informalidad se expande, y la promesa de inclusión se vuelve un mantra vacío que convive, sin pudor, con la evidencia contraria.

La paradoja final es elegante en su crueldad: nunca fuimos tan sociales, y nunca hubo tantos excluidos visibles. Como si el lenguaje de la justicia hubiera sustituido a la justicia misma. Como si la pobreza, lejos de ser erradicada, hubiera sido refinada, estetizada (y estatizada), convertida en un componente más del paisaje político. No ya como tragedia, sino como recurso.

Porque en el fondo, lo que está en juego no es la pobreza, sino el negocio de su existencia. Y ese, a diferencia de los pobres, goza de una salud sorprendentemente robusta.