El Estado como agente biopolítico 🤖
Desde el momento en que un Estado interviene sobre una demografía, una población, ya está haciendo biopolítica. Es inevitable.
La biopolítica no es una rareza académica ni un artificio teórico extravagante; es el punto exacto en que el poder deja de limitarse a gobernar territorios y empieza a administrar la vida, incluso en sentido biológico. Michel Foucault lo formuló bastante bien: el poder moderno ya no se agota en el derecho de hacer morir o dejar vivir, sino que se reorganiza como capacidad de hacer vivir y dejar morir. Esto implica que el Estado no solo regula conductas externas, sino que interviene en la natalidad, la salud, la enfermedad, la sexualidad, la longevidad y, en última instancia, en la forma misma en que una población se reproduce y se sostiene en el tiempo. La política deja de ser exclusivamente normativa para volverse, en parte, una tecnología de gestión de la vida: medir, clasificar, intervenir, optimizar estadísticamente. La población ya no es solo un conjunto de ciudadanos; es un campo de variables biológicas, económicas y estadísticas que pueden ser modeladas.
Si uno quiere identificar la biopolítica, lo más sencillo es mirar su anverso, su cara más explícita, más brutal. Los regímenes totalitarios del siglo XX funcionan casi como manuales de salón. El caso del nazismo es paradigmático: el Estado no solo gobernaba, sino que se atribuía la potestad de definir qué vidas merecían ser promovidas. La política se convertía en biología aplicada. Se incentivaba activamente la reproducción de la población considerada “valiosa”: premios a las familias numerosas, condecoraciones a la maternidad aria, beneficios materiales y simbólicos para quienes encarnaban el ideal demográfico del régimen. Al mismo tiempo, se desplegaban políticas de esterilización, exclusión y eliminación de aquellos considerados biológicamente indeseables. No hay ambigüedad en ese esquema: el Estado diseña la población como quien ajusta las variables de un experimento.
Ese es el anverso. Visible, incómodo, históricamente condenado. Fácil de señalar por los que se arrogan la bondad histórica, casi tranquilizador en su crudeza, porque permite ubicar el problema en un pasado fácilmente reconocible y moralmente encapsulado por quienes dicen estar del lado correcto de la Historia.
Pero la biopolítica no desaparece cuando se vuelve amable; simplemente se vuelve más difícil de percibir. Y ahí aparece el reverso.
El llamado “Estado de Bienestar”, celebrado como la forma más humana y avanzada de organización social y política, también opera sobre la vida, también interviene en la estructura demográfica, también redistribuye incentivos económicos que moldean conductas reproductivas, laborales y culturales. Solo que lo hace bajo una narrativa moral distinta. Ya no se trata de purificar la población, sino de protegerla, equilibrarla, asistirla.
Sin embargo, cuando un Estado dirige recursos de manera sistemática hacia determinados segmentos —por ejemplo, los quintiles sociológicamente más abajo— no solo está “corrigiendo” desigualdades: está configurando comportamientos. Subsidios, transferencias de dinero público y políticas de asistencia sostenidas que en el tiempo no son neutras; afectan decisiones reproductivas, influyen en la relación con el trabajo, reordenan expectativas vitales. Y todo esto suele financiarse mediante una presión fiscal creciente sobre las clases medias, que terminan funcionando como la base de sustentación silenciosa del sistema.
En ese mismo movimiento aparece otra capa menos discutida: el mestizaje de demografías bajo el paraguas del bienestar. La combinación de baja natalidad en ciertos sectores nativos y la necesidad estructural de sostener sistemas previsionales y productivos abre la puerta a flujos migratorios que el propio Estado regula, incentiva o absorbe. No se trata solo de un fenómeno cultural espontáneo, sino de una dinámica en la que políticas de integración, acceso a beneficios y marcos legales específicos terminan configurando nuevas composiciones poblacionales. El resultado no es únicamente “diversidad” en abstracto, sino una reconfiguración concreta del tejido social, donde distintas velocidades demográficas, económicas y culturales coexisten bajo un mismo aparato estatal que, en última instancia, actúa como mediador —y también como arquitecto— de esa mezcla.
Eso también es biopolítica.
No hay programas eugenésicos explícitos ni selección biológica declarada, pero sí una ingeniería social difusa que, a largo plazo, altera la composición del cuerpo social. No hay un discurso abierto sobre qué vidas deben proliferar, pero sí un entramado de incentivos que, en la práctica, favorece ciertos patrones y desincentiva otros. La diferencia con el antedicho anverso no es de fondo, sino de forma: uno actúa de manera directa y coercitiva; el otro, mediante mecanismos económicos, culturales y administrativos que operan con una apariencia de neutralidad.
Y tal vez ahí se juega una de las tensiones más profundas del presente occidental: un orden que, en nombre del bienestar, ha asumido la tarea de sostener la vida, pero que al hacerlo reconfigura silenciosamente su propia base demográfica. Envejecimiento, descenso de la natalidad en ciertos sectores, dependencia estructural de flujos migratorios, presión fiscal sostenida sobre los segmentos productivos… no son fenómenos aislados, sino síntomas de una misma racionalidad que interviene sin pausa sobre la población. Occidente ya no decide su forma de manera explícita; la administra. Y en esa administración, casi sin darse cuenta, empieza a mutar hacia lo desconocido.
